Las invocaciones que realiza el presidente,
Evo Morales, respecto a la actuación de poderes del Estado o de
otras instituciones constitucionales, dejan al descubierto su
intención de que no acepta contradicciones o políticas
anteladamente establecidas en su agenda gubernamental. Ante esta
situación, mucha gente se pregunta porqué motivo el Primer
Mandatario sale al paso de situaciones en las que él mismo
declara que no tiene nada que ver, aunque esas mismas
intervenciones públicas dejan al descubierto ya no un estado anímico,
sino posiciones que están sembrando graves sospechas sobre la
injerencia del poder Ejecutivo en otros poderes del Estado. En
esta lógica de poder, que parece haberse planteado, no están
libres ni siquiera entidades cuyo papel en el sostenimiento de
la democracia, de las libertades individuales y de los derechos
humanos, ha sido decisivo en el país y que ha coadyuvado, en el
pasado, a reivindicaciones sociales y políticas de los
movimientos y de los actores políticos que, hoy, están en
función de Gobierno.
Esas invocaciones a las que nos referimos, no pueden estar
exentas de crítica y de polémica, aunque, más propiamente
deberíamos decir de temor en la ciudadanía.
Resulta inaceptable que afirme que el Defensor del Pueblo
“defiende a corruptos”, cuando se pronuncia por los derechos
y garantías del ex presidente del Servicio Nacional de Caminos,
José María Bakovic, encarcelado injustamente. Una aseveración
de tal naturaleza resulta el desconocimiento constitucional de
las atribuciones de esta institución que, claramente, señalan
que el Defensor del Pueblo vela por la vigencia y el
cumplimiento de los derechos y garantías de las personas, en
relación a la actividad administrativa de todo el sector público.
Además que, el Defensor del Pueblo, no recibe instrucciones de
los poderes públicos.
El Defensor del Pueblo, en el caso concreto del ex presidente
del Servicio Nacional de Caminos, como en otros, incluso tiene
la facultad de interponer los recursos de inconstitucionalidad
directo de nulidad, amparo y “hábeas corpus” sin necesidad
de mandato. El Defensor pidió a la Corte de Distrito de La Paz
ordene la detención domiciliaria de Bakovic por su avanzada
edad.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha afirmado, por su
parte, que los derechos humanos “están por encima de los
gobiernos y las ideologías”. Y añade, dirigiéndose al
Defensor del Pueblo, que “sabiendo que no es labor nuestra el
señalar culpabilidad o inocencia de los encausados y que
debemos precautelar el cumplimiento de las leyes vigentes en
nuestro país, no debe alarmarle el desconocimiento e ingratitud
de que es objeto, porque ayer, hoy y mañana la lucha por el
respeto de los derechos humanos, será susceptible a la
intolerancia, a pesar del significativo aporte que se realizó
para que el movimiento popular se haga cargo de la conducción
del país”.