La Prensa, NEGOCIOS, La Paz - Bolivia Edición de April 22, 2006 http://166.114.28.115/20060412/negocios/negocios02.htm   José María Bakovic “Me han fabricado pruebas y caí en trampas, por ingenuo” En el ático del penal de San Pedro, en una pequeña habitación donde está recluido hace más de una semana, el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC) José María Bakovic afirmó en entrevista con La Prensa que las pruebas que pesan en su contra fueron fabricadas “desesperadamente” para inculparlo de corrupción. Recordó que confabularon en su contra distintas fuerzas políticas y personas que se han subido recientemente al vagón del Movimiento Al Socialismo (MAS) —partido del presidente Evo Morales—, como el ex gerente de Medio Ambiente del SNC José Rodríguez Dañín, quien se unió a Román Loayza para desprestigiar a la entidad. El ex titular dijo que, si bien pagó 200 mil dólares al bufete de abogados del ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, el Estado recuperó 5,7 millones de dólares por concepto de peaje. —¿Detrás de las acusaciones que pesan en su contra existe algún tinte político? ¿Qué intereses afectó usted desde el 15 de septiembre de 2001, cuando ingresó como Presidente del SNC? —Sin duda, la campaña de desprestigio estuvo encabezada durante mucho tiempo por los partidos políticos tradicionales, que exigían de una u otra forma mi renuncia, particularmente en diciembre de 2005, cuando suscribía los contratos grandes de Santa Cruz. La gran sorpresa que recibí fue el 22 de enero de este año, con el discurso del presidente Evo Morales, a quien mis enemigos llevaron veneno y parece que les creyó; y si no es así, por lo menos me tomó como un conejillo de indias, un chivo expiatorio o una cabeza de turco, porque se refirió a grandes hechos de corrupción en la entidad, lo cual es ingrato e injusto. Frente a estas aseveraciones, le envié una carta con el propósito de recibir una explicación sobre los fundamentos de sus acusaciones, pero no recibí respuesta. El 5 de febrero, estuvimos en su casa, pero sólo nos abocamos a los proyectos camineros, no abordamos lo referido a hechos de corrupción. Sin embargo, en el aniversario de Oruro y en el ampliado de los cocaleros, Morales nuevamente atacó al SNC, por lo que decidí renunciar el 13 de febrero. El discurso del Presidente de la República parecía referirse a grandes hechos de corrupción, no obstante, los casos que sacan a la luz pública fueron fabricados desesperadamente. Sólo me imputan, y al resto de los involucrados no, lo que demuestra que en este hecho existe un tinte político cargado para destrozarme. —¿En qué se basa para afirmar que se fabricaron pruebas para inculparlo? —Son muchas las cosas que han pasado. Como en mis declaraciones no había forma de acusarme, las fabrican horas antes de mi detención, que además la considero injusta. Percibo que el 30 de marzo revisaron mis declaraciones, porque la querella que presentaron un día después se basa en conceptos que sólo los emití en mis revelaciones al Fiscal. Pero ello no es todo, porque la noche del sábado 1 de abril presentaron unas pruebas de la ahora presidenta del Servicio de Caminos, Patricia Ballivián, claramente cocinadas. Hasta ahora no expusieron los documentos de ingreso y salida de recursos que demuestren la supuesta malversación de fondos de la Cuenta de Conservación Vial, me imagino que ahora están buscando los bouquets como pruebas. “Mi detención fue ilegal” Primero me acusaron de obstaculizar la investigación debido a que el 27 de marzo fui a la entidad para devolver una computadora que extravié, y le juro que fui de la manera más cordial, la visité a ella (Ballivián) y a las nuevas gerentes Jurídica y Administrativa Financiera. Pero Ballivián, en la querella, sostuvo que fui a amedrentar y en su informe da cuenta de la frase más fea que es “arreglaremos”. No he dicho nada de ese tipo, le indiqué que si hay que buscar a la corrupción, la ayudo. También le pregunté “¿qué quiere el Gobierno de mí?” Pero para que vea al extremo al que ha podido llegar. Por ello, sostengo que mi detención fue ilegal, con un mandamiento de apremio inválido. Esa noche que me detuvieron en las celdas de la Policía Técnica Judicial fue la noche más triste que pasé, es un lugar infrahumano. Al día siguiente, esperaba la citación para el hábeas corpus, no había ningún vehículo de la Policía, caminamos por la calle buscando un taxi y cuando llegué a la Corte estaba apostada una manifestación organizada con matices fascistas y fuerzas de choque. En ese momento se dio un forcejeo, porque no me estaban llevando a la audiencia para el hábeas corpus, sino a la Policía Técnica Judicial en calidad de detenido. —La querella sostiene que usted malversó recursos de la Cuenta de Conservación Vial y que provocó daño al Estado.¿Por qué contrató al bufete de abogados del ex ministro Sánchez Berzaín? —En enero de 2002 se creó mediante decreto supremo, la Cuenta de Conservación Vial para que el Servicio Nacional de Caminos tuviera recursos que garanticen el mantenimiento de las carreteras. Al ser el 2002 un año de transición, se utilizaron recursos de esta cuenta para pagar, por ejemplo, un bouquet de 90 bolivianos, pero todo esto está debidamente auditado. Jamás utilicé recursos de ésta para pagar tarjetas de crédito; si alguien lo hizo, que se lo investigue y sea sancionado. A partir de 2003, los recursos de la cuenta fueron utilizados sólo para el mantenimiento. Es importante recordar que luchamos para que el Estado no perdiera 43 millones de dólares, por la existencia de laudos arbitrales, por lo que el Ministerio de Hacienda emitió una resolución biministerial para otorgar un presupuesto de 800 mil dólares para defender este tópico. Sin embargo, con la asunción al mando de Gonzalo Sánchez de Lozada y el cambio del Ministro de Hacienda, perdimos este presupuesto. “El Estado ganó” Pero se contrató al bufete de abogados de Sánchez Berzaín porque tenía oficinas en La Paz y Cochabamba y ello facilitaba el control del caso. Es evidente que pagamos 200 mil dólares, pero se recuperó dinero porque los ingresos se incrementaron en 40 millones de bolivianos, es decir que se percibieron 5,7 millones de dólares. Si no hubiese asumido esta acción no estaría preso y el Estado habría perdido el ingreso por concepto de la tasa de rodaje de 5,7 millones de dólares. Por hacerlo bien estoy en la cárcel. —¿Y si dejaba que las addendas ilegales suscritas por ex directores de Caminos continuasen para que Cono Sur-Cochabamba prosiguiera ganando una comisión del 64 por ciento y el Estado sólo del 36 por ciento, no estaría recluido? —Si no hubiese tomado medidas a favor del Estado, las recaudaciones del peaje estarían en cifras rojas. Si me hubiese quedado de brazos cruzados, sí sería culpable por causar daño; en este caso debería estar en prisión. Los primeros cien mil dólares se pagaron al bufete de los montos presupuestados, no de la Cuenta de Conservación Vial como señala la querella. Los otros cien mil fueron pagados por el gerente financiero Jorge Peredo dos años después. En este periodo ya trabajaba Ballivián en la entidad y luego pasó a ser la titular pese a que esperamos a que obtuviera su título en provisión nacional. —¿Por qué la designó al mando de las finanzas del SNC? —Confié en ella. Siento que me tendieron trampas por ser una persona ingenua y un estúpido. Cuando se optó por Patty (Ballivián) fue para no cometer los errores de los ex gerentes financieros como (Reynaldo) Carrasco e Irigoyen, pero creo que fue para peor.   DDHH apoya al Defensor del Pueblo y el Gobierno dice que no lo destituirá El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró ayer que el Poder Ejecutivo no tiene la intención de destituir al Defensor del Pueblo, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos manifestó su pleno apoyo a Waldo Albarracín. La declaración surgió luego de que el primer mandatario, Evo Morales Ayma, criticara al Defensor por solicitar la detención domiciliaria del ex presidente del Servicio Nacional de Caminos José María Bakovic. García Linera dijo que, más allá de las observaciones “sobre cierto comportamiento” de Albarracín, éste no será removido del cargo. Sin embargo, el Defensor del Pueblo fue elegido por el Congreso. Por encima de Gobiernos “Los derechos humanos están por encima de los Gobiernos y las ideologías”, sostiene una nota de apoyo enviada por el presidente de Asamblea de Derechos Humanos, Guillermo Vilela, al Defensor del Pueblo. La misiva le recuerda que, si bien no es su labor señalar culpabilidad o inocencia de los encausados, debe precautelar el cumplimiento de las leyes vigentes en el país, por ello, “no debe alarmarle el desconocimiento e ingratitud de que es objeto”. “Porque ayer, hoy y mañana la lucha por el respeto de los derechos humanos será susceptible a la intolerancia, a pesar del significativo aporte que se realizó para que el movimiento popular se haga cargo de la conducción del país”, agrega. Sostiene también: “Las personas que nos hemos acompañado, por muchos años, en la lucha por la liberación nacional y la defensa de los derechos humanos podemos testimoniar sobre su accionar y consecuencia en el servicio a los sectores más desfavorecidos”. Albarracín solicitó a la Corte de Distrito de La Paz que ordenase la detención domiciliaria de Bakovic, en razón de la avanzada edad del imputado (68 años), para que no permanezca recluido en el penal de San Pedro como lo había dispuesto la juez Betty Yañíquez. La postura de Albarracín fue censurada por el presidente Morales, quien expresó su sorpresa y dijo no entender cómo el Defensor del Pueblo puede salir en defensa del ex titular caminero. “Seguramente el Defensor tiene todo el derecho de reclamar, pero no creo que se tenga que ser viejo para robar y para no ir a la cárcel”, opinó, e insistió en que “los corruptos, sean viejos o jóvenes, tienen que ir a la cárcel”.   Directorio SNC avaló contrato de bufete Sánchez Berzaín El directorio del Servicio Nacional de Caminos (SNC), conformado por Lucio Paz, Juan Fossati, Adel Cortez y Marcelo Fernández Irahola, aprobó en 2002 la Resolución Presidencial 99 presentada por el ex presidente José María Bakovic, en la que se determinó la contratación directa del estudio de abogados Sánchez Berzaín para defender los intereses del Estado. Esta contratación se constituye ahora en uno de los argumentos de la Fiscalía para el proceso judicial en contra el ex Presidente ejecutivo de la entidad. El informe legal GJU- 418/2002, de 22 de julio de 2002, emitido por Fernández Irahola, sostiene que es “urgente contratar y contar con los servicios de un estudio jurídico especializado que se haga cargo del patrocinio y defensa del proceso iniciado por ConoSur”. Esta empresa inició una demanda penal contra el SNC debido a que el ex director René Espinoza, el ex director jurídico Minor Romano y el ex jefe del Departamento Financiero Jaime Amézaga, en el año 2000, le dieron su autorización para que continúe con el control del sistema de recaudación del peaje en Cochabamba y Santa Cruz. El contrato ampliatorio establecía que la concesionaria debía controlar también el peaje en Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija. Romano y Amézaga fueron despedidos de la entidad por decisión del Directorio transitorio del SNC, pero hasta el momento no fueron investigados. El convenio ampliatorio permitía a ConoSur llevarse el 64 por ciento de los ingresos recaudados, mientras que el Servicio Nacional de Caminos se quedaba con el 36 por ciento de las recaudaciones de la tasa del rodaje. Sin embargo, Bakovic se opuso a este convenio por considerarlo lesivo a los intereses del Estado. Luego de una negociación con los ejecutivos de la administradora del peaje se firmó un acuerdo ampliatorio por dos años y medio, con nuevas condiciones. “Gracias a la contratación del bufete Sánchez Berzaín se recuperaron los recursos del peaje anual por un total de 5,7 millones de dólares. Pagamos 200 mil dólares, pero logramos resultados positivos”, aseguró el ex Presidente. Estas cifras pueden ser verificadas en los Balances del SNC. En la nota Cite Pre 537/2002, el ex ejecutivo del SNC invitó al buffete Sánchez Berzaín a presentar su propuesta técnica y económica. Luego el Directorio dio su aprobación. El Presidente Ejecutivo del SNC —según establecen las normas de la entidad— debe poner en conocimiento del Directorio todas sus actuaciones. Bakovic denunció que también existieron presiones sobre la contratación de ConoSur, de parte de la ex presidenta del Senado Nora Soruco (MNR) y otros parlamentarios. “Las presiones fueron muchas, pero le juro que no cedí, yo trabajé en beneficio de mi país”, dijo. La historia en Santa Cruz El año 2001 se conoció públicamente que los ejecutivos de ConoSur-Santa Cruz decidieron levantar los procesos administrativos, civiles y penales instaurados contra el ex Presidente Ejecutivo y el SNC a condición de que se salden las deudas y se permita la participación de la concesionaria en un nuevo proceso de licitación. El 1 de noviembre de 2002, el SNC intervino temporalmente las 33 trancas de peaje bajo el argumento de que ConoSur engañaba en los montos de la recaudación. La intervención fue realizada después de que la entidad caminera verificara que el contrato firmado con ConoSur en Santa Cruz tenía los mismos matices que el que estaba vigente con el de Cochabamba.