La Prensa, 11 de Abril, 2006

La Paz - Bolivia Edición de abril 11, 2006

Carlos Fiorilo, fiscal del caso Bakovic “Cuando se investiga a un delincuente, a uno lo censuran”

El fiscal Carlos Fiorilo, adscrito a la investigación sobre supuestas irregularidades cometidas por el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, admitió no ser experto en el caso y dijo que basó su acusación apoyándose en la querella penal.

Desde hace más de una semana, Bakovic se encuentra detenido en el penal de San Pedro. El fiscal Fiorilo recordó que imputó al ex Presidente de Caminos por los delitos de conducta antieconómica, malversación de fondos y tráfico de influencias; sin embargo, estos cargos aún no fueron probados.

La querella fue presentada por la actual presidenta del SNC, Patricia Ballivián.

En entrevista con La Prensa, Fiorilo sostuvo que es “increíble, cuando un delincuente es investigado, a uno lo censuran”. No obstante, aclaró que no se refería al ex ejecutivo del Servicio de Caminos.

¿Cuándo se inició la investigación y cuáles son las pruebas que le permitieron imputar al ex Presidente del Servicio Nacional de Caminos?

El 20 de enero de este año, el Ministerio de la Presidencia, representado por Juan Ramón Quintana, presentó la denuncia contra el ex {residente caminero por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, malversasión de fondos y tráfico de influencias.

He iniciado la investigación e imputé al funcionario porque existe evidencia. Para llevar adelante el caso también he solicitado trabajar con auditores, porque no soy experto en el tema.

¿Cuáles son los argumentos y las pruebas que demuestran que el ex ejecutivo de Caminos incurrió en el delito de malversación de fondos en las gestiones 2002 y 2003?

La prueba es el contrato que se firmó con el bufete de abogados del ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, casualmente unos días antes de que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada asuma el mando del Estado.

La querella que realizó la Presidenta del SNC indica que la institución pagó un honorario de 200 mil dólares a este bufete, administrado por la hermana de Sánchez Berzaín.

Pagar esta cantidad de dinero por servicios es un contrato leonino. Lo peor es que no se tomaron la molestia de realizar una convocatoria para el efecto, aunque debo admitir que la norma de Administración de Bienes y Servicios prevé una contratación por excepción, pero no se justifica que se les haya pagado tanto para algo que pudo realizar otro despacho de profesionales.

Uno de los argumentos de la defensa es que el SNC suscribió el contrato para que el Estado logre recaudar el 70 por ciento de los ingresos por concepto de peaje con el que se quedaba la empresa ConoSur por este servicio. ¿Fue analizado este punto? ¿Se investigará a los ex directores del SNC que antes ampliaron el contrato con adendas?

Algo así he escuchado. Seguramente en el transcurso de la investigación que presente la defensa conoceremos ello. La ampliación de los contratos de ConoSur y de Toll SA, bajo supuestas irregularidades, la desconocía. Pero la contraparte debe darme luces y otorgar un memorial, a menos que ya lo hayan entregado y todavía no lo he leído. Si es así, también tendríamos que convocar a los ex directivos de Caminos.

La otra imputación está tipificada en el delito de malversación de los recursos de la Cuenta de Conservación Vial, que sólo deben ser utilizados para el mantenimiento de las carreteras.

Sin embargo, causa risa porque éste fue desviado para la compra de flores, matenimiento de algunas tarjetas de crédito, hoteles, refrigerio y publicidad.

¿Cuáles son las pruebas que existen para que haya determinado que Bakovic habría incurrido en desvío de recursos de esa cuenta?

Nos han pasado unos balances, pero no los tengo a la mano, y éstos señalan que ingresó dinero para esta cuenta pero que se hicieron otros pagos. Ello es una prueba, que era (usado) para otras partidas.

¿Cuáles son éstas y de qué cantidad de dinero estamos hablando?

No me acuerdo en este momento cuáles son esas partidas, pero le aseguro que egresó y salió dinero con otros fines. Todo este proceder fue aprobado por Resolución Biministerial del 20 de noviembre de 2002. Seguramente fue de los ministerios de Obras Públicas y me imagino que de Hacienda.

¿Si ambos ministerios autorizaron el pago con esos recursos, por qué no se investiga a esas autoridades y sólo se imputa al ex Presidente del SNC?

Se convocará a dos ex ministros para la vía informativa de la gestión 2002. Bakovic es imputado porque era la máxima autoridad de la entidad.

¿Es suficiente acusar a una persona por malversación de recursos cuando existe una resolución biministerial que autoriza ello?

Es suficiente, pues basta que existan los suficientes indicios y así lo señala la sentencia constitucional, que si no me equivoco es la 1472 (después de 15 minutos el Fiscal rectificó que es la 52/2002).

Otra de las acusaciones contra el ex titular del SNC es el uso de influencias en la restitución del ex gerente medioambiental José Rodríguez Dañín, quien fue retirado por supuestas irregularidades y luego fue recontratado por disposición del Poder Judicial, que exigió el pago por los salarios devengados...

Creo que Dañín fue retirado y no se le pagó por la prepotencia de Bakovic, que parece que se creía que estaba en su feudo.

Para imputar al ex ejecutivo del delito de tráfico de influencias tomé como prueba el recibo existente entre Dañín y Sonia Pérez Salvatierra, que indica que por cuenta de José María Bakovic se cancele 175 mil dólares por concepto de pago de sueldos devengados, aguinaldo y otros.

¿Ello es una prueba suficiente?

Las declaraciones de Dañín son una muestra, otra es la afirmación de la ex gerente jurídica del SNC, María Elena Dips, que admitió que un sábado fue al Banco de Crédito a notificar al ex Gerente Ambiental sobre su reincorporación.

Averiguando, había sido un caso particular y que van a tener que solucionar en otra vía. Debo admitir que de este hecho no se utilizaron recursos del Estado. La irregularidad en este caso es el tráfico de influencias. Pareciera que entre Dañín y Bakovic existe una pugna personal.

Cuando subíamos las escaleras usted dijo que “es increíble, cuando a un delincuente se lo investiga, a uno lo censuran”. ¿Esta aseveración no es una acusación directa contra el ex ejecutivo caminero?

No he dado nombres.

¿Pero usted ya tiene un preconcepto de que existe un delincuente, o me equivoco?

Yo no he dado nombres, he hablado de delincuente, pero sin brindar sus títulos.

Esta mañana vía teléfono usted aseguró que existen algunos periodistas que recibieron bonos o algo por el estilo de la ex Presidencia de Caminos.

Hay una persona que me ha dicho que se habrían dado bonos o algo similar a algunos periodistas y una vez que tenga las pruebas lo haré público.

¿Usted dice que es una persona de Caminos que le dio esa información?

No daré nombres, no puedo quemar a nadie que me indicó, hay la reserva. Tengo que respetar. Me dijo que hay uno o dos periodistas que periódicamente recibían dinero, coima, corrupción, en otras palabras.

El SNC pide renegociar contrato de préstamo con Brasil El Servicio Nacional de Caminos (SNC) anunció ayer que solicitará al Ministerio de Planificación para el Desarrollo la renegociación de los términos de los contratos de préstamo con Brasil y otros países, en los que se condiciona la adjudicación de obras a la contratación de empresas de donde proceden los recursos.

La presidenta interina de la entidad, Patricia Ballivián, explicó en conferencia de prensa que Caminos no puede hacer nada con las leyes aprobadas por anteriores gestiones, pero buscará que se respeten las normas básicas, que determinan que toda adjudicación de obras o servicios más allá de un monto de un millón de bolivianos debe realizarse por licitación.

Bolivia tiene suscritos acuerdos y convenios de préstamo con una serie de países en los que también se contempla que se contratarán a consultores, maquinaria, equipos y otros para los proyectos que se ejecutarán con su dinero.

El 6 de marzo, el Gobierno de Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 28623, por el cual se procedía a la adjudicación directa de la construcción del tramo Potosí-Uyuni a un consorcio brasileño por la suma de 130 millones de dólares; sin embargo, la noche del viernes 7 de abril, luego de “detectar” errores procedimentales en la Ley 3247, revocó la mencionada norma.

Este decreto daba pie a la suscripción de un crédito Proex con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDS).

La Presidenta interina de Caminos reconoció que la mencionada norma fue un desacierto. “Claramente nos hemos equivocado en la aprobación de ese decreto... y ahora vamos a proceder a enmendar el error”, dijo.

El presidente Evo Morales reiteró en varias oportunidades que el país buscará renegociar los términos bajo los cuales se relaciona con la cooperación internacional.

Consultada sobre esta situación, Ballivián aseguró que su entidad es una unidad ejecutora del Poder Ejecutivo y es competencia del Ministerio de Planificación encargarse del relacionamiento con la cooperación internacional.

Durante la última gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada se procedió a la adjudicación directa de la construcción de la carretera Potosí-Tarija, conocida como las vías del sur. En 2003 se aceptó que esa obra sea financiada por el crédito brasileño bajo el Programa de Fomento a las Exportaciones (Proex).

La empresa Queiroz Galvao ofreció ejecutar el proyecto de la vía con un costo de 189 millones de dólares. Luego se denunció que la obra tenía un sobreprecio de 70 millones.

 

Para tomar en cuenta

En entrevista con este medio, Fiorilo leyó textualmente la querella contra Bakovic.

Todas las pruebas que se remitieron a la Fiscalía fueron extraídas del SNC.

Para el fiscal, fue leonina la contratación del bufete de Sánchez Berzaín.

Bakovic explicó que con este contrato se recuperó un millón de dólares.

En la denuncia se da cuenta de que el pago a Conosur fue conocido por el Directorio.

En 2005, la actual Presidenta del SNC develó la extracción de documentación.

El 27 de marzo de 2006, Patricia Ballivián emitió otro informe.

En éste acusó de malversación de fondos al ex titular de Caminos.

La interina del Servicio de Caminos pidió que Bakovic sea investigado.

También acusó a Jorge Olivares, asesor del imputado, y a la Gerente Jurídica.

A estos dos funcionarios los culpó de complicidad y encubrimiento.

En enero, Evo Morales denunció a Bakovic por hechos de corrupción.

 

Defensor aclara que los derechos humanos son para todos El Defensor del Pueblo, en un comunicado público, aclaró ayer que la institución no tiene la labor de asumir defensa de las personas, sino su mandato es proteger los derechos humanos y garantías de todos.

En ese marco fue que pidió la detención domiciliaria de ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, debido a su avanzada edad (58 años).

“El Defensor del Pueblo, institución independiente cuyo mandato es proteger los derechos humanos y garantías constitucionales de todas las personas, tiene, entre otras, la atribución de vigilar la situación de aquellos privados de libertad para velar por el respeto de los límites de la detención”, precisa el comunicado.

La aclaración fue presentada por la oficina defensorial a los medios de comunicación luego de que el presidente Evo Morales cuestionara, el domingo, al Defensor del Pueblo por interceder en favor de Bakovic.

“Seguramente (el Defensor) tiene todo el derecho de reclamar, pero no creo que ese tenga que ser viejo para robar y para no ir a la cárcel”. Insistió en que “los corruptos, sean viejos o jóvenes, tienen que ir a la cárcel, y si alguna norma contradice ese principio debería ser modificada”.

En el boletín se aclara que “la declaración efectuada por Waldo Albarracín respecto a la detención del ciudadano Bakovic no implica asumir defensa del citado ciudadano, ya que no es atribución constitucional de la institución dar patrocinio legal en procesos ordinarios a ninguna persona ni pronunciarse sobre su inocencia o culpabilidad, aspecto que le corresponde establecer al órgano jurisdiccional y no al Defensor del Pueblo”.

“La determinación de responsabilidades en contra de cualquier persona debe encuadrarse en el marco de la legalidad y del respeto a los derechos humanos, razón por la cual el Defensor del Pueblo continuará velando por que estos principios se cumplan rigurosamente en preservación de las libertades fundamentales y del Estado de derecho”, precisa El Vocero presidencial, Alex Contreras, declaró la mañana de ayer que no se cuestiona la labor del Defensor, sino se observan las declaraciones de su ejecutivo que, en su criterio, buscan defender a Bakovic, quien “cumple una sanción penal”. Reiteró que el Gobierno presentó las pruebas suficientes para iniciar un proceso penal por hechos de corrupción en contra del ex Presidente de Caminos.

La UIF investiga cuentas de Ballivián y otros doce funcionarios de Caminos La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indaga las cuentas de 12 ejecutivos del Servicio Nacional de Caminos (SNC), entre los que se encuentran la presidente interina, Patricia Ballivián, en el marco del proceso de investigación que se le sigue al ex directivo de Caminos José María Bakovic.

La información la emitió el fiscal Carlos Fiorilo, quien dijo que la máxima ejecutiva de Caminos será imputada si se detecta alguna irregularidad, porque fue designada en 2004 como Gerente Financiera.

Los 12 ejecutivos citados formaron parte de la gestión de Bakovic; sin embargo, el representante del Ministerio Público pidió guardar en reserva sus nombres.

Fiorilo, fiscal en materia penal de la División Delitos Económicos y Finacieros de la Fiscalía de Distrito de La Paz, solicitó el 28 de marzo a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras el informe sobre las cuentas bancarias de los funcionarios investigados del Servicio de Caminos.

La autoridad indicó que “tanto querellantes como el imputado (José María Bakovic) y otros son vigilados”.

Al consultarle si ampliará el caso para determinar qué participación tuvo Ballivián, dijo que si existen los suficientes elementos para hacerlo, no le temblará la mano, y si hay presiones para que no averigüe otros elementos, renunciará al caso porque es un profesional honesto.

Los antecedentes

La Fiscalía expuso al mediodía del sábado 1 de abril la imputación formal en contra de Bakovic en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal bajo los cargos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias.

Ese mismo día el juez lo remitió al penal de San Pedro acusado de obstruir la investigación debido a que la querellante (Ballivián) presentó como prueba un registro de una llamada a su celular que realizó el ex ejecutivo de Caminos antes de que se realice la audiencia.

Este hecho se constituye en una prueba de obstrucción de la investigación, según señala el artículo 235 del nuevo Código de Procedimiento Penal.

La Fiscalía también presentó como evidencia el pago de 175 mil dólares a José Dañín para que desista de un proceso penal que inició contra la institución.

Por ello, la juez séptima de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, ordenó la detención preventiva de Bakovic en tanto se inicie el juicio.

La abogada de la defensa Audalia Zurita presentó un recurso de hábeas corpus para que sea liberado, sin embargo, la solicitud fue rechazada por lo que continúa detenido en el penal de San Pedro.

Katy Bakovic, hija del ex Presidente del SNC, lamentó “la posición irregular y oscura” que asumió la actual Presidenta interina del SNC y ex gerente de esa entidad. Ballivián aseguró que su gestión está limpia.

http://www.laprensa.com.bo/hoy/negocios/negocios02.htm