Empresarios critican al
Gobierno por caso Bakovic
Los Tiempos. - La Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia ( CEPB ) , que se reunió de emergencia en La Paz,
ayer, cuestionó al Gobierno por sus permanentes presiones sobre el
sistema judicial y cuestionó la detención "irregular" del ex
presidente del Servicio Nacional de Caminos ( SNC ) , JOSé
María BAKOVIC , informó el
presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba,
Javier Artero.
Los dirigentes de los empresarios del país arremetieron contra el
gobierno de Evo Morales, porque se estaría vulnerando el estado de
derecho, y decidieron asumir defensa de la institucionalidad democrática.
"Esperamos el pronunciamiento de las instituciones de Derechos
Humanos, el Defensor del Pueblo y la Iglesia para buscar una salida a
este conflicto legal. Consideramos que la jueza actuó fuera de la ley y
que tampoco se consideró su edad ( 68 años de
BAKOVIC ) para recluirlo", explicó Artero.
El ex presidente del SNC, por orden judicial está detenido
preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz, por las imputaciones
efectuadas en su contra por el Ministerio Público.
Para el presidente de la Cámara de Industria Comercio y Servicios de
Santa Cruz ( Cainco ) , Gabriel Dabdoub, el Gobierno debería dejar
actuar a la justicia con independencia y libertad, sin injerencias ni
presiones.
Dabdoub aseguró que la institucionalidad en el país está en riesgo y
pidió al gobierno de Evo Morales trabajar en democracia.
A través de comunicado, la fundación Acción Para el Desarrollo ( APD
) , integrada por un grupo de ciudadanos independientes, expresó su
solidaridad con BAKOVIC y denunció que el
ex presidente del SNC está sufriendo "atropellos" de parte
del sistema judicial.
APD recordó que la obligación del Estado es respetar la dignidad e
imagen de las personas y aseguró que la decisión del Gobierno pone en
riesgo el estado de derecho y calificó la decisión del Gobierno como
acción demagógica y populista.
Por otra parte, la organización empresarial Sol de Septiembre expresó
su repudio y rechazó toda intromisión política en la administración
de justicia. "Ningún Gobierno por mucho que haya sobrepasado la
barrera del 51 por ciento de respaldo tiene derecho a interferir y
presionar a fin de que ciudadanos vean restringidos sus derechos a la
libertad, seguridad jurídica y debido proceso.