Opinión El Presidente no acusa, no juzga y mucho menos puede condenar No importa de quien se trate. Lo importante es que todas las personas en el país gozan de derechos y garantías constitucionales que no pueden ser transgredidos por circunstancias o por el mero cumplimiento de metas pre electorales. Bolivia, como todo país que se precia de civilizado, tiene un marco procesal y se lo define como el conjunto de normas de realización de un proceso y la facultad y obligación que tiene el Estado de otorgar garantías a través de dos núcleos que son la organización del Juez y la organización del proceso por las leyes orgánicas de tribunales y las leyes de procedimientos respectivos. Extraña, de un tiempo a esta parte, que estas garantías están siendo conculcadas o cuando menos se desata una violencia verbal predisponiendo a tribunales, a la opinión pública y ejercitando injerencia en los ámbitos de la justicia. En el ordenamiento jurídico nacional son los fiscales los que acusan y los jueces los que condenan. No es el Presidente de la República, y no tiene este alto mandatario, porqué acusar a personas e instituciones, y mucho menos juzgarlos y condenarlos, incluso con anticipación al conocimiento formal de alguna causa por parte de los tribunales de justicia. El Presidente no puede aprovecharse de su alta investidura para acusar o denigrar a ciudadanos o instituciones. En el caso del ex presidente del Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic, lamentablemente, todo el proceso de investigación ha estado viciado desde un principio, es decir desde el momento mismo en que el presidente Evo Morales asumía el cargo, lo acusó de corrupción, hasta hace poco en que determinó públicamente que debía ir a la cárcel. Las actuaciones judiciales posteriores han sido la muestra más clara de como un proceso judicial puede estar cargado de prejuicios y de una indisimulable injerencia de agentes y autoridades de Gobierno que conferenciaron con fiscales y jueces durante horas antes de la audiencia de medidas cautelares, el pasado sábado. En todo este marco, una pequeña y bien aleccionada turba que reconoció haber recibido fichas de asistencia, aunque no identificó a sus mandantes, pedía en una acción grotesca la cárcel para el ex presidente de Caminos. Nadie en el país medianamente consciente puede oponerse a investigaciones contra ex funcionarios públicos, pero lo que no se tolera son actitudes que a nombre de luchar contra la corrupción se puedan convertir en actos de injusticia, o que por estrategias gubernamentales, conviertan ese propósito en un escenario descontrolado donde la demagogia y las instrucciones palaciegas fuercen un proceso, pisoteando las garantías procesales e impartiendo órdenes a fiscales y jueces, algo que recuerda a los sátrapas de turno en las dictaduras militares, que tenían bajo su dominio directo a la justicia.