Desde su asunción a la Presidencia de la República, el 22 de enero, Evo Morales Aima ha hecho una serie de denuncias sin aportar aún pruebas. A eso se suman varias contradicciones entre los miembros de su Gobierno y su partido al justificar las denuncias.
Lo más reciente que dijo el gobernante fue que “son los que camuflan droga los que exportan (plátano) a la Argentina”. La declaración, hecha en ocasión de la clausura del VIII Congreso de las Seis Federaciones del Trópico, el martes 14 en Cochabamba, coincidió con el envío del primer paquete de exportación de la fruta a Europa propiciado por el empresario Miguel Zambrana, con quien Morales Aima tuvo fuertes conflictos cuando era dirigente, incluso un juicio penal.
El caso molestó a los exportadores, que lamentaron que el Presidente de la República estigmatice las exportaciones bolivianas, y el opositor Poder Democrático Social (Podemos) anunció una interpelación a la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, a quien pidió que aclare las sindicaciones del mandatario.
El lunes 7 de febrero, en una reunión con campesinos de La Paz, el Jefe de Estado denunció que algunas “transnacionales” estaban preparando una conspiración contra su administración. Aunque después el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, dijo que había pruebas sobre esos movimientos “de grupos pequeños” y que las iba a presentar el gobernante, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo al día siguiente a radio Fides que “no se conoce el nombre (de la compañía conspiradora), no se sabe ni siquiera sobre la fuente, si es externa o está financiada desde dentro del país”. Y el viceministro de Régimen Interior, Rafael Puente, afirmó que el supuesto complot “son cosas que han salido de la prensa”.
Al final, a nueve días de esa delación, la administración de Morales Aima le dio bajo perfil al asunto y decidió no comentarlo más.
El mismo día de su juramento, el Presidente de la República denunció que había encontrado corrupción en el Servicio Nacional de Caminos (SNC). Tampoco presentó pruebas, aunque el titular de la institución, José María Bakovic, renunció el lunes 13 de febrero luego de decir que esperó tres semanas para reunirse con el gobernante y conocer los elementos de la acusación. “Algunos corruptos ya están renunciando”, volvió a asegurar el martes el mandatario, en la ciudad de Cochabamba.
El vocero de la Presidencia de la República, Álex Contreras, anunció para el martes 14 la presentación de documentos que sustentan lo que dijera Morales Aima y añadió que Bakovic se adelantó con su dimisión.
Al respecto, el ministro de Servicios y Obras Públicas, Salvador Ric, señaló que quien sabe y debe responder sobre el problema es el Presidente de la República, aunque informó que su despacho no ha recibido ninguna denuncia sobre casos de corrupción en el SNC.
Otra polémica que mantiene el Gobierno es con la Corte Nacional Electoral (CNE), a cuyos vocales el mandatario acusó de administrar mal la depuración de electores en las elecciones del 18 de diciembre de 2005.
Aunque antes de los comicios había sindicado de un posible fraude al vocal Salvador Romero, a quien incluso vinculó al ex presidente y candidato de Podemos Jorge Quiroga Ramírez, la noche del 18 de diciembre, cuando se supo de su victoria electoral, Morales Aima fue más directo y arengó ante sus seguidores que “hay que depurar” a los vocales de la Corte.
Desde esa noche, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) mantuvo diferencias con la CNE. Incluso, ya investido como gobernante, no asistió al acto de apertura de actividades, el 31 de enero, al que le invitara el órgano electoral.
La semana pasada, el jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Gustavo Torrico, reavivó esas discrepancias cuando en una entrevista con la revista Domingo de La Prensa dijo que prepara una resolución para impulsar la renuncia de los vocales, en quienes, agregó, el MAS ya no tiene confianza.
El martes, el presidente de la Cámara de Senadores, Santos Ramírez (MAS), aseguró que la idea de su correligionario fue personal y que era innecesario tener conflictos con tres personas (vocales) cuando la preocupación es la Asamblea Constituyente.